Astrid Gil-Casares, la vendedora del ático en el centro de la polémica, ha aceptado por escrito que se revelen detalles sobre la compra. Esto permite a la Comunidad de Madrid compartir información sobre la transacción. A pesar de esto, Gil-Casares sigue estando sujeta a un acuerdo de confidencialidad unilateral, al que se suscribió sin haberlo solicitado.

Para obtener más información sobre este caso, se puede consultar la publicación original, que proporciona más detalles sobre la situación y las implicaciones de la aceptación de Gil-Casares.