Un plazo de 48 horas ha sido establecido para que las partes involucradas se pronuncien sobre una cuestión específica. Se trata de la suspensión del voto relacionada con una ley en particular. Un tribunal ha solicitado opiniones sobre este asunto a varias entidades, incluyendo la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

La consulta también se ha extendido a la Junta Electoral. Se busca determinar si ciertos individuos deberían ser emplazados a personarse como afectados por una ley específica. Más detalles sobre este proceso están disponibles en la publicación original.