La agencia de inmigración ha otorgado un contrato de $16.7 millones para agregar dispositivos que entregan descargas eléctricas a su arsenal. Esto ha generado críticas por parte de los demócratas y organizaciones civiles, quienes cuestionan la seguridad y supervisión de estos dispositivos. Se conoce que el contrato tiene un monto significativo, lo que sugiere que la agencia está invirtiendo en esta tecnología para sus operaciones de aplicación de la ley de inmigración.

Sin embargo, no se proporcionan detalles adicionales sobre cómo se utilizarán estos dispositivos o qué medidas de seguridad se tomarán para proteger a los individuos que puedan ser afectados por ellos. Para obtener más información sobre este tema, se puede consultar la publicación original, que ofrece una visión más detallada de la situación y las críticas que ha generado.